Hoja de Coyuntura, Junio-Julio 2014. El juicio de los buitres pone en juego a múltiples fuerzas del capitalismo mundial. Ante ello tenemos que aprovechar que estas oscuras fuerzas salen un poco a la luz para identificarlas lo máximo posible.
Los hechos: en el 2005 el gobierno nacional comandado por el kirchnerismo acordó un canje de deuda con una quita superior al 50%, canje que sostenía a la jurisdicción de Nueva York (Wall Street) como ámbito de resolución legal en caso de conflicto entre el estado argentino y los acreedores. Un 7% de los acreedores no acordaron ni aquel canje ni uno posterior ocurrido en 2010. ¿Por qué un sector tan reducido prefirió no entrar a un canje que ofrecía plata segura, aún exponiéndose a no cobrar nunca, en la medida en que quedaban tan pocos acreedores sin firmar? Sin duda esta fracción del capital se encontraba y se encuentra con una relación privilegiada con la justicia de Nueva York. Cabe aquí detenerse a analizar un momento la relación entre el capital y el estado, en dos planos distintos, si bien íntimamente relacionados entre sí.
Por un lado el capital y el estado burgués surgieron prácticamente de la mano y poco a poco se fueron reforzando mutuamente. Que la ley del valor rija el mundo de la producción requirió la mercantilización del mundo, con la consiguiente formación del mercado mundial. Ello necesitó a su vez que la fuerza concentrada que supone todo estado tomara una forma adecuada a las necesidades de la acumulación de capital desde las regiones donde primero se conformó el capital como relación social general que predominara sobre todas las otras formas de relacionamiento social. Aunque cabe aquí decir que la extensión de las relaciones de capital a todo el mundo no ha sido acompañada por la formación de un Estado mundial, sino más bien por organismos internacionales como la ONU, el FMI, etc., que no tienen carácter estatal, digamos que no alcanzan el monopolio legítimo de la fuerza, es decir que todavía no hay único ejercito, única justicia, único gobierno y no siempre se imponen como regulación para los capitales que actúan en una determinada región o país).
Al mismo tiempo la ley del valor –y de la competencia- supone que las decisiones “económicas” se toman en múltiples centros independientes entre sí, habiendo en la práctica siempre fracciones de capital enfrentados entre sí. Estos enfrentamientos toman a veces el carácter de enfrentamientos nacionales, otras veces de enfrentamientos entre ramas de la producción, etc., etc. Pero hay que recalcar que el contenido de estos enfrentamientos tienen siempre un carácter totalizador, es decir el curso de los mismos depende de conjunto de la fuerza económica, política, cultural que logren construir, lucha que permite y depende a su vez de su llegada al poder estatal. Las fracciones del capital que mejor llegada tienen a ese poder estatal consiguen así una ventaja relevante –y a veces decisiva- en la competencia en el mercado. Es por ello que cada fracción del capital debe acumular y realizar la máxima fuerza posible, para lo cual deben tender a conformar y conducir fuerzas sociales en alianza con otras fracciones del capital y también con fracciones de los sectores populares.
Esta pequeña introducción hace al caso. Vemos estos días un enfrentamiento agudo entre distintas fracciones del capital no sólo en argentina, sino también a nivel de lo que podemos llamar capitalismo occidental de conjunto. Los fondos buitres tienen una forma predominantemente “líquida”, no suelen poner su capital en inversiones de largo plazo, sino más bien en apuestas de corto plazo y alto riesgo, como el hecho de comprar bonos de la deuda argentina en el 2001, cuando era evidente que el país caería en un default. La racionalidad de esa apuesta reside justamente en que el default que para cualquiera representa un altísimo riesgo, para ellos es en realidad de bajo riesgo, porque cuentan con el respaldo de la justicia que rige sobre Wall Street. De allí que toda deuda emitida reconociendo esa jurisdicción es para ellos “deuda segura”, de bajo riesgo. Y de allí las sentencias del juez Griesa que favorecen abiertamente no tanto al capital o al imperio contra un país oprimido, sino más bien a una fracción del capital contra otra, es decir el capital financiero en su fase especulativa.
En esta situación se vienen señalando dos grandes formas de enfrentar este ataque: a) profundizar el rumbo del gobierno nacional de subordinarse a lo que difusamente podría denominarse la fracción productiva/extractiva del capital occidental, fracción que viene moderando el neoliberalismo, aunque sin salirse de él (devaluación, alta indemnización a Repsol, alto pago al Club de París, defensa a rajatabla de las multinacionales que producen en argentina, etc.) rumbo que deviene hoy en que desde Obama y el FMI hasta el Vaticano emiten comunicados en repudio al fallo de Griesa y en defensa de la continuidad del canje como se venía dando.
Y segunda forma, b) afirmar la preeminencia del deber de los estados de garantizar los derechos de los pueblos por encima del derecho de propiedad privada, derechos “garantizados” enunciativamente en múltiples declaraciones de derechos humanos presentes en buena parte de las constituciones nacionales y de organismos como la ONU. Es evidente que esta segunda forma de enfrentar el ataque buitre abriría una caja de pandora que el kirchnerismo en primer lugar no aparece dispuesto a concretar, más allá de que “dejen hacer” a kirchneristas marginales en denuncias de ese tipo. De todas maneras, el juez Griesa –y la Corte Suprema yanqui- han llevado al gobierno a un callejón sin salida tal (o con salida sólo al abismo) que nos hace recordar las fábulas donde animales de menor tamaño y fuerza llevados a tales situaciones reaccionan sorpresivamente.
El gobierno está tan arrinconado que la mera reafirmación del rumbo –ya derechizado- que vino trayendo este último tiempo, luciría como un gesto casi antiimperialista, como lo sería por ejemplo trasladar el canje de Nueva York a Buenos Aires (¡cuando en realidad sería para seguir pagando una deuda con un origen fraudulento y de la cual sólo en estos diez años pagamos alrededor de 100.000 millones de dólares!). Rumbo que acentuaría el ajuste y la criminalización de la protesta ya en marcha.
Es llamativo (y todo un síntoma de en lo que se ha consolidado el kirchnerismo) que el priorizar “el derecho de los pueblos” aparezca como algo del todo improbable para el gobierno nacional. Y se ve improbable porque el gobierno no está construyendo ni siquiera alianzas serias con otras fracciones de capital, a nivel del BRICS y menos aún del ALBA. Ante un mundo tendiente a la multipolaridad, es decir a una acumulación de capital que arraiga en espacios de valor que exceden al mundo occidental, como los bloques nombrados, el gobierno refuerza su apuesta a la asociación del capital local con el capital occidental concentrado. Y ni hablar de que si bien el kirchnerismo no renuncia a intentar conducir una fuerza social con alta composición popular, es cada vez más explícito que en esa fuerza no habría espacio para ningún tipo de protagonismo popular, es decir donde los trabajadores ocuparíamos el viejo lugar de carne de cañón.
Y mientras tanto por abajo…
El gobierno nacional, con la aquiescencia de todo el arco de oposición (Massa, Macri, FAU) viene realizando un ajuste indudable. Un ajuste tradicional en cuanto a que redistribuye regresivamente el ingreso, es decir a favor de los empresarios, más allá de que no sea tan intenso como otros que ha habido en nuestra historia. Ajuste además acompañado –como es tradición- por la criminalización de la protesta y de la organización popular.
Cada día vemos cómo hay una mayor inteligencia común entre el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical para imponer una sola vía de acción ante la crisis: la vía de la resignación ante la ley de la ganancia y la competitividad. Si los empresarios dicen que no les dan los números y tienen que bajar costos, bajando salarios, suspendiendo y/o echando trabajadores, entonces el gobierno y la burocracia sindical piden que les den a ellos (no a nosotros los trabajadores-as ni a nuestros delegados-as genuinos) esos números. Entonces la ley de hierro es 1) que la información la manejan entre ellos y 2) que imponen como un hecho consumado que la ganancia no se toca. En este marco se entiende cómo van transformando a la organización de base como un peligro anárquico que nos perjudicaría a todos-as, ya que reduciría las ganancias y haría que las fábricas cierren y se vayan a otro lado (como acaba de hacer Paty mudando toda su producción al interior, cerrando su fábrica en San Isidro donde la comisión interna era combativa y antiburocrática).
Organización Política