El proceso de juicio político a Dilma Roussef en Brasil muestra como la legalidad o ilegalidad de las operaciones financieras de gobiernos y empresarios son límites cada vez más difusos y en última instancia una cuestión de interpretación, como resultado de la lucha por el poder.
En el contexto de la gigantesca crisis que atraviesa al coloso latinoamericano, en la mayor contracción económica del país desde 1930, sectores de la burguesía, con apoyo mediático y judicial, concretaron el juicio político a Dilma, por lo que denominan “pedaleadas financieras” y ocultamiento de datos fiscales. La denuncia de estas operaciones, que no constituyen claramente un delito y mucho menos causales de destitución, fueron llevados adelante por un Congreso involucrado a su vez en los casos más resonantes de corrupción, como el ”Petrolao”.
Lo cierto es que el Congreso más conservador de las últimas décadas y la línea de sucesión en manos del PMDB sólo puede explicarse por la política de alianzas del gobierno del PT. En nombre de la gobernabilidad, no sólo han allanado el camino al juicio político, sino que Dilma se puso también a la cabeza del ajuste que exigían la burguesía brasileña y el capital financiero internacional, atacando los derechos de su base de apoyo social. Sobre ese fondo se produce esta destitución, con que Temer se acaba de hacer del control del ejecutivo para llevar las políticas de ajuste a un nivel superior, y avanzar con políticas derechistas en todos los niveles, como lo anunciaron los discursos por el Sí al impeachment en el Congreso, lo que tendrá profundas consecuencias a nivel continental para el pueblo trabajador.
Pero la crisis de legitimidad afecta al conjunto del régimen político y todo indica que se agravará. Habiendo concluído el juicio político, que tiene una aprobación de más de la mitad de la población, Temer asume el gobierno, con menos del 8% de aprobación social.
En ese marco de descrédito gubernamental y parlamentario, se mostró errada la salida propuesta por el PT y sectores de la izquierda de llamar a elecciones anticipadas para saldar la crisis política en curso. Es nuestro deber rechazar la destitución contra Dilma Roussef y promover la construcción de un amplio polo de izquierda que organice las luchas, que denuncie el carácter sistémico de la corrupción, y agudice la crisis de representación de los partidos del régimen y sus instituciones, planteando una alternativa anticapitalista y antipatriarcal.
