La economía Venezolana se encuentra en una profunda crisis desde el año 2014, coincidente con el derrumbe del precio internacional del petróleo, que constituye su principal fuente de divisas. Esta crisis se viene manifestando a través de una reducción sostenida del PBI en los últimos tres años (que en 2016 llegaría a ser de un 10%), una inflación que ya ha alcanzado el 300% en lo que va del año, y una brecha cambiaria que ha sentado las bases para el desarrollo de un fraude sistemático en las importaciones y cuya consecuencia principal es la escasez de toda clase de productos importados de primera necesidad para el pueblo venezolano.
La respuesta del gobierno a esta crisis ha sido negociar con los bloques capitalistas que forman parte de ese sistema fraudulento (y avalar a los sectores corruptos del gobierno que también participan de él), en lugar de avanzar contra ellos e impulsar una administración popular de la renta petrolera y del comercio exterior. Por otra parte, como principal alternativa al rentismo petrolero, el gobierno ha decidido impulsar el proyecto del Arco Minero del Orinoco para explotar recursos mineros como el oro y el cobre. El proyecto involucrará un 45% de capitales de transnacionales extranjeras, tendrá severas consecuencias ambientales y seguirá fomentando una economía primarizada dependiente de los precios internacionales de las commodities, en lugar de desarrollar un tejido productivo integrado. En tercer lugar, el gobierno ha recurrido a las medidas de ajuste típicas de esta clase de crisis, como el aumento del precio de los combustibles (que estaba fuertemente subsidiado) y la devaluación (para reducir la brecha cambiaria), que son medidas que termina pagando el pueblo trabajador. Finalmente, el gobierno ha reposado cada vez más en el despliegue de las fuerzas armadas para la gestión de las consecuencias sociales de la crisis, involucrándose en tareas que van desde el control social para hacer frente al crecimiento de la inseguridad hasta el abastecimiento de alimentos y el control de precios.
En términos políticos el resultado de esta crisis ha sido una continua erosión de la base popular del chavismo y un fortalecimiento de la oposición de derecha al gobierno de Nicolás Maduro. Esta situación cristalizó en la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en las que la MUD se impuso con el 56% de los votos y conquistó la mayoría calificada del parlamento. La estrategia del chavismo para contrarrestar este avance ha sido atrincherarse en los espacios estatales que controla (el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, las fuerzas armadas) y desde allí intentar frenar la iniciativa de la oposición, creando un escenario de conflicto de poderes.
El eje central de la compulsa actualmente es la propuesta de un referéndum revocatorio impulsada por la oposición con el fin de destituir por mecanismos legales a Maduro, propuesta que ha permitido a la oposición tomar la iniciativa política. El gobierno está intentando imponer una serie de trabas a esa convocatoria con el fin de retrasarla hasta febrero de 2017. La razón es que si Maduro es revocado luego de esa fecha no será reemplazado a través de nuevas elecciones, sino que la duración de su mandato será completada por el vicepresidente. Esta compulsa no se limita al territorio nacional: debemos mencionar el rol de mediador del expresidente español Rodríguez Zapatero y las distintas presiones hacia el gobierno venezolano formuladas por funcionarios de la OEA, EE.UU., Argentina, Paraguay y el gobierno golpista de Brasil, todos alineados con la oposición pro-imperialista de Venezuela.
Es en el marco de esta disputa que se desarrollaron las grandes movilizaciones del 1 de septiembre. La oposición impulsó la iniciativa de la “Toma de Caracas” como una demostración de fuerzas para obligar al gobierno a acelerar los tiempos de convocatoria del referéndum. La movilización se desarrolló en un clima de tensión por la posibilidad de que los sectores radicalizados de la oposición impulsen hechos de violencia como las guarimbas de febrero de 2014, pero terminó siendo pacífica. La Toma de Caracas fue la demostración callejera más convocante de la oposición en mucho tiempo: ciertamente no reunió el millón de personas declarado por los organizadores, pero sí a decenas o cientos de miles, superando probablemente las protestas posteriores a la elección de Maduro de fines de 2013 y principios de 2014. Paralelamente el chavismo impulsó una movilización en defensa del gobierno que, si bien no superó en masividad a la convocatoria opositora, demostró que el gobierno, pese a la irresolución de la crisis, concentra todavía importantes niveles de apoyo y capacidad de movilización.
De conjunto, en consecuencia, podemos caracterizar que estamos ante una crisis económica irresuelta y una situación de empate hegemónico. El gobierno, lejos de impulsar la iniciativa obrera y popular para trazar una vía anticapitalista de salida de la crisis y recuperar el apoyo popular, depende cada vez más de su apoyo en las fuerzas armadas, reforzando su carácter bonapartista. En este marco cobran cada vez más vigencia las especulaciones sobre una eventual salida negociada entre el gobierno y los sectores moderados de la oposición. Esta salida implicaría la realización del referéndum en 2017 a condición de que Maduro designe a un vicepresidente chavista que cuente con el consenso de la oposición para encarar un proceso de transición.
Nuestras expectativas y nuestra confianza no pueden estar depositadas en estos acuerdos de cúpulas, que sin duda harán retroceder los avances conquistados en estos años y recompondrán el orden capitalista en Venezuela (que, si bien no fue reemplazado por los gobiernos bolivarianos, empezó a ser puesto en entredicho). Esto implica la necesidad de que las organizaciones populares chavistas abandonen su perspectiva de integración y apoyo al gobierno, aunque sin sumarse a los intentos destituyentes de la oposición (alternativa en la que por momentos parecen incurrir organizaciones como Marea Socialista). Debemos observar qué respuestas se elaboran en los espacios de autoorganización popular surgidos al calor de la lucha del pueblo venezolano, en el seno de los cuales es preciso forjar una alternativa independiente de la clase trabajadora y el pueblo que pueda imponerse con un programa propio.
