El 29 de abril, ante más de 200000 trabajadores y trabajadoras, los secretarios Generales de cuatro de las (por entonces) cinco centrales sindicales plantaron bandera frente al ajuste y al gobierno. La dirigencia de las CTAs se pronunció por la construcción de un paro general mientras que Antonio Caló pretendió canalizar las expectativas hacia la unificación de la CGT en agosto. La unificación de la CGT se realizó bajo el mandato de “garantizar gobernabilidad”, que se traduce como la canalización de los reclamos y del descontento de lxs trabajadorxs en una dinámica que no afecte las principales directrices políticas del gobierno. Por ello, la primera decisión fue anunciar la posibilidad de un paro general sin ponerle fecha, supeditándolo a la obtención de concesiones por parte del gobierno.
En los hechos la CGT asumió el programa social del macrismo. En efecto, ha negociado dinero para las obras sociales que manejan y un “bono de fin de año” y de una suma extraordinaria para quienes perciben jubilaciones mínimas y planes sociales. No hace otra cosa que demandarle al gobierno que haga lo que efectivamente viene haciendo desde su asunción, a lo sumo le regatea unos pesos más, pero sin sacar los pies del plato, legitimando las paritarias a la baja de este año.
Esta política contiene una –no muy frecuente- vía de articulación con algunos movimientos sociales, que se plasmará el próximo 18 de noviembre con un acto en el Congreso. Este acto fue inicialmente impulsado -con “la mano que teje” del Papa- por el bloque de movimientos sociales conformado por el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa que reclaman la sanción de una “Ley de emergencia social”. La CGT decidió acompañar el reclamo movilizando, para “poner sobre la mesa el tema del empleo y los despidos”.
Esta política de unidad en la acción, bajo un conjunto de reivindicaciones plenamente dirigido a ciertas organizaciones de trabajadorxs de la economía popular y desocupadxs, deja al sector ocupado de la clase trabajadora desarmado frente a la política de “baja de costos laborales” pregonada por el gobierno y las patronales.
Si la construcción de un programa político-reivindicativo para el conjunto de la clase trabajadora es aún una tarea pendiente; no es menos cierto que esta política de “garantizar gobernabilidad” es impugnada por la vía de los hechos a través de procesos moleculares de movilización sindical.
Los últimos meses han sido escenario de numerosos conflictos puntuales por despidos, condiciones de trabajo y salarios, en sectores que contaban con algún nivel de organización y de acumulación de fuerzas con anterioridad al triunfo de Macri. Esta resistencia no es un proceso generalizado y es muy desigual entre ramas y sectores, pero marca algunas características de los procesos de recomposición sindical que se dieron desde 2001.
En primer término, son conflictos focalizados en los lugares de trabajo (estatales o privados) en los que, en las peleas por condiciones de trabajo, se fueron forjando colectivos dispuestos a la acción reivindicativa. En segundo lugar y aunque no hay una relación unívoca con las direcciones sindicales, muchos de estos procesos se desarrollan de forma contradictoria con la línea de “garantizar gobernabilidad” que bajan las direcciones sindicales y que en los lugares de trabajo se traduce en canalizar el descontento evitando y diluyendo la conflictividad potencial. Es por eso que, y esto en tercer término, otra de las características de los procesos sindicales es que cristalizan en la construcción de listas o agrupamientos de oposición más definidos y con un creciente peso al interior de los gremios.
En suma, es una tarea fundamental impulsar y ser parte de estas luchas, tanto para impedir un retroceso estructural de la clase en nuestras condiciones de vida, como para ir construyendo una fuerza autónoma de nuestra clase.