El mes de marzo inició con una sucesión de masivas movilizaciones en contra del gobierno. El lunes 6, en el marco de un paro nacional, los sindicatos docentes reclamaron la apertura de la paritaria nacional – que pone un piso a los salarios docentes en las jurisdicciones provinciales. Unas 50.000 personas se movilizaron entre Congreso y el Palacio Pizzurno, donde se realizó el acto. El martes 7 más de 200.000 trabajadores y trabajadoras se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, convocadas por la CGT en lo que iba a ser un acto de “defensa de la industria nacional” y terminó convirtiéndose en la exigencia de convocatoria a un Paro General por parte de las bases a la cúpula cegetista. Finalmente el 8 de marzo, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, se formó una columna sindical que enfatizó las reivindicaciones laborales y gremiales.
La movilización y el paro nacional del 6 fue el puntapié inicial de un conflicto docente abierto a nivel nacional y en la mayor parte de las provincias y que tiene un próximo hito en la marcha federal educativa convocada para el 21 y 22 de marzo. El gobierno jugó primero al desgaste de la docencia combativa, para pasar en estos días a “la fase dos” de confrontación directa con la misma. En el conflicto docente se juega la pauta salarial para los estatales e indirectamente influirá sobre todos los trabajadores, lo que amplifica su impacto político y lo convierte en una prueba de fuego para las fuerzas en pugna.
Al mismo tiempo las armas que usa el gobierno nacional (y los medios concentrados de comunicación) hacen que esta lucha sea económica y también política e ideológica. La demonización de la docencia en lucha, la instigación rompehuelgas con “voluntarios”, los premios a quienes carnerean la huelga y los descuentos a quienes paran, la ilegalización de la huelga y el ataque contra la personería sindical, son muestras de que buscan convertir a la docencia en cuerpos dóciles que se les sometan, aptos para producir/educar estudiantes que les sean a su vez dóciles. Responder al ataque del gobierno con organización desde abajo significa plantear la escuela como un campo de batalla cultural, en el que planteemos qué tipo de docentes y de educación crítica es necesaria para transformar la realidad.
El Acto del 7 de marzo, convocado (sin paro) por la CGT “en defensa de la industria nacional”, ratificó la capacidad de convocatoria de su dirección al mismo tiempo que expresó que un gran sector de trabajadores y trabajadoras asumen al Paro General como una medida necesaria para sostener reivindicaciones en un contexto defensivo. Se trató de una masiva movilización que los organizadores buscaron minimizar por todos los medios. Mientras que numerosos trabajadores y trabajadoras de base – especialmente de los gremios más afectados por despidos y cierres de plantas - querían participar de la movilización, las conducciones sindicales buscaron todo el tiempo circunscribirla a los delegados y al “aparato”. A pesar de esto, la convocatoria tuvo una masividad impresionante, por lo que la cúpula cegetista optó por adelantar el acto una hora y, con discursos escuetos e incoherentes entre sí – que pusieron su propia crisis interna en evidencia - sólo amplificó el reclamo de la convocatoria al Paro General, que cruzó al conjunto de las columnas sindicales y ganó más visibilidad cuando sectores combativos ocuparon, con esa consigna, el palco que habían abandonado los dirigentes. Finalmente se confirma una doble convocatoria: las CTAs en vías de reunificación convocan a paro y movilización el 30 de marzo y la CGT convoca a paro el 6 de abril sin movilización.
La clase trabajadora de conjunto está planteando una perspectiva defensiva frente a los ataques del gobierno y las patronales. Aunque invisibilizados y dispersos, los conflictos por despidos muestran que los trabajadores y trabajadoras no se resignan a perder los puestos de trabajo. La convocatoria al paro general la pone en evidencia: es el precio que deben pagar los líderes sindicales para sostener la legitimidad que los hace actores de la “gobernabilidad”. La construcción desde abajo de ese paro va a ser fundamental; la victoria del programa defensivo en contra de los despidos, por el poder adquisitivo del salario y por las condiciones de trabajo requiere una fuerza que esté decidida a imponer estas reivindicaciones contra el bloque de poder en el gobierno, lo que se contrapone a la perspectiva de conciliación de clases que postula la conducción de la CGT.
Tanto la lucha docente como la perspectiva de unificar la lucha contra el ajuste y el modelo nos plantean la necesidad de construir un frente único de los trabajadores. Para ello tenemos que poner por delante las reivindicaciones defensivas como elemento aglutinador de la clase, más allá de las preferencias y alineamientos de cada trabajador y cada corriente. El clamor de masas por el paro general (y por la recomposición salarial docente) debemos traducirlos en una unidad de base sostenida en el tiempo en la cual crezcan las construcciones clasistas, para conquistar pequeñas victorias y sentar la capacidad de ir por más.
Sin duda para ir por más necesitamos que cada vez mayores sectores organizados de trabajadores y trabajadoras nos vayamos agrupando, construyendo una fuerza social transformadora. El reciente fallo de la Cámara de Trabajo que le devuelve la personería en el subte a la UTA, retirándosela a la AGTSyP, deja a las claras que el gobierno opera para extender la fuerza social que representa desde los núcleos de poder de nuestra sociedad hacia la subsunción en ellos de la actual conducción de la CGT. Destaquemos aquí la no reacción de la mayor parte del PJ e incluso del FPV, que contrasta con el respaldo incondicional que le damos de todos los sectores de izquierda a la AGTSyP, más allá de que su actual conducción esté enrolada en diversos sectores kirchneristas.